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Claves para entender la próxima reforma hipotecaria

16/07/2017, Cinco Días, Juande Portillo

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El Gobierno ultima la redacción final del anteproyecto de ley de reforma hipotecaria que prevé presentar al Congreso de los Diputados para su tramitación ordinaria a la vuelta del verano. Una legislación que nace con la necesidad de convertirse en un doble freno al castigo judicial. De un lado, debe suavizar un litigio muy particular: el de la denuncia que la Comisión Europea ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) contra España porque el país lleva ya 16 meses de retraso sobre la fecha límite que tenía para transponer a la legislación española la Directiva europea 2014/17/UE, que marca las reglas de juego comunes para el sistema hipotecario europeo. De otro, porque la nueva regulación deberá ayudar a detener la creciente judicialización del mercado de crédito para la compra de vivienda. Y es que, mientras la justicia viene parcheando los desequilibrios de la legislación hipotecaria vigente, los jueces estiman ya que el ritmo de demandas por hipotecas es de unas 200.000 al año.

Así lo estiman al menos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al analizar el primer mes de funcionamiento de los juzgados especializados en materia hipotecaria que se han constituido para tratar de evitar que la escalada de litigación crediticia acabara por colapsar la justicia española. En solo 30 días, estas nuevas sedes han registrado 15.800 nuevas demandas coincidiendo con el fin de la primera tanda de negociación extrajudicial de devolución de cláusulas suelo opacas. Un frente que se ha acrecentado desde que, el pasado 21 de diciembre, la Corte de Luxemburgo decretara que la banca debe devolver con retroactividad total lo cobrado por cláusulas suelo opacas. Pero estas distan de ser el único problema de los contratos hipotecarios en España. El servicio de reclamaciones del Banco de España ha advertido que en el primer trimestre de 2017 las quejas de la clientela se han disparado fundamentalmente en relación a las cláusulas que les imponen el pago de todos los gastos de constitución de la hipoteca, articulado que el Tribunal Supremo consideró nulo en diciembre de 2015. De otra parte, el alto tribunal español ha decidido consultar a la justicia europea sobre las cláusulas de vencimiento anticipado, las que permiten a las entidades iniciar la ejecución de las garantías de un préstamo, o los intereses de demora, y cómo proceder tras su anulación.

De hecho, uno de los retos que plantea abordar ahora la reforma hipotecaria es que el Parlamento deberá regular estas cláusulas sin la certeza de que vaya a conocer aún el pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la UE, que no sería la primera vez que enmienda la plana a la legislación española. Sin embargo, la Corte de Luxemburgo descartó ofrecer una respuesta exprés a estas cuestiones mientras que Bruselas sigue presionando a España para agilizar la reforma, lo que llevó al ministro de Economía Luis de Guindos a avanzar que no se esperará al dictamen del TJUE para legislar. Con todo, fuentes judiciales apuntan a que la respuesta de la justicia europea al Supremo español podría llegar en la recta final del año coincidiendo con la etapa de tramitación parlamentaria de la reforma, lo que en un momento dado puede permitir adaptar la regulación en marcha a la resolución de la Corte.

De momento, el Gobierno trabaja en la versión definitiva del anteproyecto de ley de la reforma, después de barajar varios borradores con los que ha comenzado a tantear a grupos de expertos, representantes del sector bancario y oposición, con los que aspira a lograr un acuerdo. “Estamos avanzando en el texto, es una transposición de una directiva europea pero en España vamos a ir más allá para otorgar más protección a los consumidores”, exponía el jueves la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, avanzando que lo que se prepara es “un texto equilibrado y que va a estar consensuado como exigen las circunstancias”. “Dese cuenta de que el crédito hipotecario es la decisión financiera más importante que realiza el ciudadano”, sostuvo a preguntas de la prensa, detallando que la reforma tendrá en cuenta las lecciones aprendidas de “la sentencia del TJUE de diciembre, en torno a cláusulas suelo, y otra serie de reclamaciones”, pero con “vista siempre a mantener la cultura de pago que existe en el sistema hipotecario, la seguridad del sistema” sin renunciar a “conseguir el objetivo de protección al consumidor” más allá del estándar europeo, aseveró Garrido.

La reforma es, desde luego, una oportunidad de mejorar el sector hipotecario y hay firmes defensores de sus ventajas. “Lo más importante de la norma es que, al menos sobre el papel, todas las partes salen ganando con la reforma: se refuerza la protección de los consumidores, se establecen mecanismos para garantizar la transparencia en todo el proceso de contratación de los préstamos hipotecarios y, para la banca, desaparece la incertidumbre regulatoria e inseguridad jurídica que ahora está viviendo, que están ocasionando avalanchas de demandas”, valora Luis Javaloyes, consejero delegado de Agencia Negociadora. “En cuando se apruebe la ley y desaparezca esta incertidumbre, veremos un mayor crecimiento del negocio hipotecario que a su vez repercutirá en la aceleración en la recuperación del sector inmobiliario”, asume este experto.

No todos se muestran tan optimistas. En las últimas semanas, representantes de bancos, notarios, jueces o consumidores han planteado sus dudas sobre la idoneidad de la reforma que se ha puesto sobre la mesa. Es el caso del secretario general de la Asociación Hipotecaria de España (AEH), Gregorio Arranz, o de la notaria, letrada y registradora de la propiedad Ana Fernández-Tresguerras, que en unas jornadas hipotecarias celebradas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) plantearon que el texto conocido contiene importantes lagunas respecto a la directiva europea. Más allá, el CGPJ ha subrayado que es una oportunidad perdida para unificar toda la legislación hipotecaria. Por su parte, asociaciones de consumidores como Adicae o la OCU han advertido de que la reforma, la segunda que impulsará un Gobierno de Mariano Rajoy, no debe ser un nuevo “parche”, sino conformar un verdadero blindaje de los derechos de los usuarios de banca, reivindican.

En definitiva, aunque todos los colectivos implicados exigen cambios en la regulación actual, ya sea para pedir más protección del cliente o mayor seguridad jurídica para las entidades, lo cierto es que será difícil contentar a todas las partes. Los distintos grupos del Congreso afrontan por tanto el reto de lograr una reforma de consenso que cumpla las exigencias de Bruselas y ayude a evitar que la operación financiera más importante de las familias acabe siendo material de juzgado de guardia.

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