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Conozca las implicancias de la nueva “Ley Dicom” sobre el mercado hipotecario

15/03/2012, portalinmobiliario.com.

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La normativa está diseñada para la protección de los datos personales de carácter económico y no tendrá consecuencias en los préstamos a largo plazo.

El 17 de febrero pasado entró en vigencia, la nueva “Ley Dicom”. En qué consiste esta nueva normativa y qué implicancia podría traer para el mercado de los créditos hipotecarios es lo que investigó Portalinmobiliario.com con el fin de aclarar todas las dudas al respecto.

Esta nueva disposición legal implica que el tratamiento de los datos personales de carácter económico, será de exclusiva evaluación para el riesgo comercial y para los procesos de créditos. Para el gerente general de Agencia Negociadora, Patricio Valenzuela “en términos simples: pretende evitar que una persona vea mermadas sus posibilidades de encontrar trabajo por el hecho de haber tenido problemas de pagos en sus obligaciones financieras”.

En ese sentido surge la duda sobre los coletazos que esta nueva ley tenga sobre las colocaciones a largo plazo. Valenzuela aclara que “no vemos grandes impactos en los créditos hipotecarios, pues la ley no está orientada a cambiar el sistema actual de obtención de créditos. De hecho, las entidades financieras podrán seguir accediendo a la información financiera de los clientes para fines de evaluación del riesgo financiero de cada cliente”.

El experto despeja la duda y asegura que este ámbito no evidenciará cambios como sí lo hará en el mercado laboral, pues en éste último los empleadores estarán imposibilitados de exigir los antecedentes comerciales de los postulantes.

Si bien la ley benefició a más de 4 millones de personas a quienes se les borró deudas de hasta $ 2.500.000 de Dicom, los que deseen solicitar un crédito hipotecario deben tener claro que los bancos podrán seguir evaluando el riesgo en base al comportamiento pasado de los interesados.

Arriendo de propiedades

La conducta comercial de quien desea arrendar una propiedad es muy importante para quien es dueño de un inmueble. Por lo anterior, parece importante preguntarse ¿qué implicancias puede desencadenar sobre este mercado la mencionada ley?”

Valenzuela advierte que “evidentemente que es mejor contar con toda la información posible antes de entregar en arriendo una propiedad, razón por la cual no poder acceder a los antecedentes de pago del arrendatario puede ser un tema delicado para los propietarios”.

Sin embargo, el experto aconseja que ante esta situación la persona que esté interesada en arrendar “puede entregar su boletín comercial de manera voluntaria”. En ese sentido, Valenzuela detalla que “será un punto a favor para el arrendador, que podrá inclinarse por esa persona en desmedro de otras que no tienen la misma cantidad de antecedentes”.

Y esto será muy beneficioso, pues tal como indica “un buen pagador nunca tiene problemas en entregar los antecedentes necesarios que acrediten su correcto actuar a la hora de pagar”.

El consejo para quienes son propietarios y que deseen hacer una buena elección sobre quién es el mejor candidato para arrendarle su propiedad es sin lugar a dudas “poner un poco más de atención en aquellos clientes que sin razón clara evitan entregar antecedentes”.

Así las cosas, y si bien el experto valora los cambios y asegura que toda iniciativa que vaya en favor de la transparencia en la regulación es buena, advierte que “hay que considerar que los prestadores de servicios (no sólo los bancos e instituciones financieras) muchas veces quedan vulnerables al no pago de las obligaciones por no poder exigir ningún tipo de garantía que asegure el pago”.

Valenzuela agrega que “hay que considerar siempre que la moneda tiene dos caras: Por un lado están los clientes que tienen derecho a un trato justo y a resguardar su privacidad, pero por otro están los prestadores de servicios (muchas veces pymes) que igualmente requieren que sus derechos sean resguardados”.

Habrá que esperar entonces el funcionamiento de esta nueva normativa que va en pro de la protección de la privacidad comercial de las personas.

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