Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios

En España, el problema de los desahucios sigue siendo una realidad que afecta a miles de familias cada año. Desde el inicio de la crisis económica de 2008, se han producido más de 350 000 ejecuciones hipotecarias, un drama social que ha puesto en evidencia las carencias del sistema legal de desahucios.

Un informe elaborado por magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denuncia que la normativa vigente, basada en leyes de más de un siglo de antigüedad, deja en situación de indefensión a los deudores hipotecarios. Según los jueces, este sistema favorece a las entidades financieras y no ofrece suficientes mecanismos para proteger a las familias que, por causas sobrevenidas, no pueden hacer frente a su hipoteca.

Entre las principales críticas, los jueces destacan:

• La mala praxis bancaria durante la concesión de préstamos hipotecarios.
• La inexistencia de procedimientos ágiles para renegociar la deuda.
• La necesidad de aplicar tasaciones independientes para evitar ventas por debajo del valor real del inmueble.
• La urgencia de incorporar medidas que permitan aplazar el pago o reducir la deuda en casos de buena fe.

Además, el informe propone soluciones para humanizar el sistema:

• Dación en pago como fórmula para saldar la deuda entregando la vivienda.
• Posibilidad de permanecer en el inmueble mediante alquiler social o canon de uso.
• Desviar parte de las ayudas públicas a la banca hacia los hipotecados en situación de vulnerabilidad.

En 2025, estas reclamaciones siguen plenamente vigentes. La escalada del precio de la vivienda, el encarecimiento de las hipotecas y la falta de una reforma profunda del proceso hipotecario mantienen en riesgo a miles de familias. Organizaciones de consumidores y expertos en derecho bancario coinciden en que es urgente actualizar la legislación para garantizar el derecho a la vivienda y frenar los abusos en los desahucios.

La denuncia de los jueces es un recordatorio de que el sistema hipotecario español necesita una reforma que proteja de manera real y efectiva a los deudores de buena fe. Sin cambios estructurales, el problema de los desahucios seguirá siendo una herida abierta en la justicia social de nuestro país.