22/03/2026, El Confidencial, Elena Sanz
Del estigma de la lista negra de morosos, al valor del buen pagador, ¿por qué no beneficia el sistema financiero a quienes no solo están al corriente de todos sus pagos sino a quienes, históricamente, pueden demostrar que han cumplido meticulosamente con sus compromisos financieros?
Es lo que propone Agencia Negociadora, una transformación profunda del sistema crediticio español mediante la creación de un registro de solvencia positiva, como ya existe y funciona en buena parte de Europa. Y así se lo ha trasladado la compañía, formalmente, al Ministerio de Economía y a su ministro Carlos Cuerpo, a quien ha dirigido una carta, junto con un informe elaborado para impulsar la implantación efectiva de un bureau de crédito positivo en el sistema financiero español.
El objetivo de este registro es romper con el modelo actual basado, casi exclusivamente, en las «listas negras» de morosidad como ASNEF o RAI, que solo castigan el incumplimiento pero ignoran el historial impecable de millones de hogares. Con la implantación de este bureau de crédito positivo, España se equipararía a las principales potencias europeas, permitiendo que el buen comportamiento financiero sea reconocido como un activo real para el consumidor.
«La reciente publicación del anteproyecto de ley para el apoyo a los deudores en materia de créditos al consumo constituye, a nuestro juicio, una iniciativa relevante y necesaria. Compartimos plenamente su finalidad de reforzar la protección del consumidor financiero y de avanzar hacia un marco de concesión de crédito más seguro y acorde con la capacidad real de pago de los hogares y, precisamente, por ello consideramos que este proceso normativo ofrece una oportunidad idónea para abordar un déficit estructural del sistema como es la ausencia de un registro de información crediticia positiva plenamente funcional», recoge la misiva firmada por Luis Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora.
Esta iniciativa busca que la responsabilidad financiera se traduzca directamente en una rebaja de los tipos de interés y mejores condiciones en hipotecas y préstamos personales. Y es que, desde Agencia Negociadora sostienen que al sustituir la actual visión punitiva por una infraestructura de información compartida, se fomentaría una concesión de crédito más justa y preventiva. Un modelo que, en su opinión, no solo facilitaría la movilidad de los clientes entre entidades, sino que impulsaría la inclusión financiera al permitir que las personas sin grandes patrimonios, pero con una impecable trayectoria de pagos, puedan acceder a financiación más barata.
Premiar al buen pagador
A la hora de conceder un préstamo -personal, una hipoteca, al consumo…-, el sistema financiero español opera bajo una lógica punitiva al centrar su evaluación de riesgos, casi exclusivamente, en registros de morosidad como ASNEF o el RAI -principales ficheros de morosos de España-, que actúan como ‘listas negras’ diseñadas para identificar a los malos pagadores. Este modelo, basado en la información negativa de quienes no pagan o se retrasan en sus pagos, supone una visión sesgada de la realidad financiera del ciudadano, ya que solo deja huella el incumplimiento, ignorando el historial de millones de hogares que cumplen puntualmente con sus obligaciones.
Una carencia informativa que, según Agencia Negociadora, «no solo genera una asimetría que desprotege al consumidor frente al sobreendeudamiento, sino que impide que el comportamiento responsable sea reconocido y utilizado como un activo para obtener mejores condiciones de financiación». ¿Por qué no pueden beneficiarse de mejores condiciones financieras quienes siempre cumplen con sus obligaciones como sí se hace en otros países europeos?
Precisamente este bureau o registro de crédito positivo ya existe muchos países europeos como Bélgica, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Austria, Portugal, Francia, Chipre y Dinamarca.
Según el análisis de Agencia Negociadora, mientras que la mayoría de las potencias europeas cuenta con infraestructuras que registran el buen comportamiento de pago, España sigue anclada en un modelo basado casi exclusivamente en los ficheros de morosos, una visión que consideran reactiva, insuficiente y perjudicial para la inclusión financiera.
«En el marco vigente, las entidades financieras operan con información fragmentaria y esencialmente negativa sobre el comportamiento crediticio de los ciudadanos, procedente de ficheros de solvencia patrimonial. Esta configuración restringe tanto la capacidad de las entidades para evaluar adecuadamente la solvencia como la de las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento efectivo de los principios de concesión responsable de crédito», destaca Luis Javaloyes.
Y es que, según Javaloyes, cualquier medida normativa para frenar el sobreendeudamiento de los hogares como el anteproyecto de ley para el apoyo a los deudores en materia de créditos al consumo tendrá un impacto «necesariamente limitado» si no se dota al sistema de una infraestructura de información completa y compartida.
Un castigo al consumidor responsable
Además de Europa, otros países como Estados Unidos, también premian a los buenos pagadores, aunque, tener un ‘historial limpio’ también puede suponer un problema de acceso al crédito. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, para tener un buen credit score (como el FICO), es necesario tener un crédito abierto o vivio y los jóvenes, los inmigrantes o aquellos que siempre pagan en efectivo, carecen de puntuación, de tal manera que, al intentar pedir su primera tarjeta de crédito o su primer préstamo, se lo deniegan por esa falta de historial. Sin tarjeta no hay historial, y sin historial no hay tarjeta. La pescadilla que se muerde la cola.
Además, ¿qué sucedería si este historial se convierte en obligatorio por parte de las entidades financieras a la hora de conceder un crédito? Por poner un ejemplo, actualmente, la Ley Hipotecaria prohíbe a la banca obligar a contratar productos adicionales para aprobar una hipoteca, pero en la práctica, la banca es libre para aprobar o denegar dicha hipoteca. Es decir, aunque la ley prohíba la venta cruzada forzosa, ninguna ley puede obligar a un banco privado a prestar dinero a quien no desee.
Sin olvidar, por otro lado, el enorme valor, en sí mismo, de este registro de crédito positivo para los bancos y otro tipo de prestamistas o empresas financieras. «Al no poder distinguir con precisión entre perfiles de riesgo, el coste de la incertidumbre se traslada también a los consumidores solventes»
«El riesgo de uso abusivo por parte de las entidades financieras es el más evidente. Un bureau positivo concentra información muy valiosa sobre el comportamiento financiero de millones de ciudadanos. Las entidades podrían usarla no solo para evaluar solvencia, sino para segmentar agresivamente a los clientes más rentables, excluir a perfiles mediocres aunque no sean morosos, o diseñar campañas de venta dirigida. El sistema que nació para proteger al consumidor podría convertirse en un instrumento de discriminación comercial sofisticada», reconocen desde Agencia Negociadora.
No obstante, desde la fintech insisten en que el hecho de que el modelo español actual se apoye en registros de incumplimiento, «genera una anomalía de mercado como es el encarecimiento del crédito para todos. Es decir, al no poder distinguir con precisión entre perfiles de riesgo, el coste de la incertidumbre se traslada también a los consumidores solventes, diluyendo los incentivos para mantener un comportamiento financiero responsable». En este sentido, defienden que la implantación de un bureau de crédito positivo responde a objetivos de inclusión financiera, entendida como acceso efectivo y proporcionado al crédito en función del comportamiento acreditado y no exclusivamente de la disponibilidad de garantías patrimoniales. «En amplios segmentos de la población, el historial de pagos constituye el principal activo económico disponible para acreditar solvencia», sostienen.
«La creación de este bureau de crédito positivo no es una medida sectorial a favor de la banca, sino una infraestructura de interés general. Su implantación permitiría prevenir el sobreendeudamiento, al conocer la carga financiera real y total de un hogar antes de otorgar más crédito; fomentar la inclusión, permitiendo que personas sin grandes patrimonios pero con excelente historial de pagos accedan a mejores condiciones, así como mejorar la competencia, evitando que la información «buena» de un cliente se quede cautiva en su banco de toda la vida, facilitando la movilidad y la bajada de tipos», concluyen.